El movimiento #YoSoy132: síndrome de una fatiga política
por Jorge López, internacionalista
@Jorgefellini
Este artículo originalmente fue publicado en el blog del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey (FLDM: bit.ly/KKhIDt)
El movimiento 
es un intento por dignificar el ejercicio democrático en México. Es resultado de unafatiga política entendida como un hartazgo, en este caso hacia la manipulación de las reglas y prácticas democráticas que tanto partidos políticos como grupos económicos filtran por los canales mediáticos. Es síndrome de un pesar encarnado, en un inicio, por estudiantes universitarios que no quieren vivir la clase de régimen vertical que sus padres y abuelos vivieron. Un régimen que mantuvo al país, escribe @EnriqueKrauze, en un “estado de adolescencia política y bastardeó la práctica de la democracia”.
es un intento por dignificar el ejercicio democrático en México. Es resultado de unafatiga política entendida como un hartazgo, en este caso hacia la manipulación de las reglas y prácticas democráticas que tanto partidos políticos como grupos económicos filtran por los canales mediáticos. Es síndrome de un pesar encarnado, en un inicio, por estudiantes universitarios que no quieren vivir la clase de régimen vertical que sus padres y abuelos vivieron. Un régimen que mantuvo al país, escribe @EnriqueKrauze, en un “estado de adolescencia política y bastardeó la práctica de la democracia”.A través de este movimiento los jóvenes reactivan su rol en el ejercicio político e intentan empoderar al ciudadano con una herramienta fundamental para la democracia: la libre información; misma que es vista como medio de contrapeso a muchas de las prácticas criticables que persisten en el sistema mexicano (compra y coacción de votos, manipulación de las casillas electorales, etc.) y como un elemento que puede alimentar posturas más críticas hacia las relaciones de poder entre los partidos políticos y los medios de comunicación, principalmente las televisoras.
A partir de la década de los 80s México adoptó un modelo de democracia institucional asumido no como un proceso, sino como un fin en sí mismo; se consagró como una panacea que nos llevaría al progreso, sin embargo, no benefició tanto a los métodos como a los fines. De hecho, no logramos la democracia como resultado de una manifestación orgánica del interés nacional, sino por el derrumbe del modelo estatista y sindical del priísmo que tuvo como discurso la búsqueda del orden y el progreso.
La llamada “democratización” en México, alcanzada en 2000 con la primer victoria presidencial de la oposición no puede entenderse como tal, el término correcto sería transición democrática, misma que representó una gran oportunidad para la concertación de un sistema político equilibrado: con un cuerpo ciudadano y autónomo como el Instituto Federal Electoral (@IFE_Mexico) que regulase la competencia partidista; un modelo que brindaría mayores libertades económicas, libertad de expresión y una mayor competitividad internacional. Sin embargo, no se trató de una democratización en el sentido amplio de la palabra pues el primer gobierno de transición (2000-2006), el de @VicenteFoxQue, fracasó en la tarea de deslindarse y renovar ampliamente las estructuras gubernamentales heredadas de las administraciones priístas, es decir, no pudo reformular el Estado en uno más justo, plural, inclusivo y sobre todo efectivo.
La administración de Fox se concentró en el crecimiento económico (tarea por supuesto importante) mas no logró consagrar el Estado democrático y moderno del que tanto se habló en aquel entonces, desperdiciando un importante capital político obtenido en su elección. Por su parte, @FelipeCalderon en sus primeros meses como presidente tampoco logró los acuerdos en el Legislativo y estuvo muy ocupado en el conflicto postelectoral centrado en @lopezobrador_, sin olvidar la guerra contra el crimen organizado.
Por otro lado, el Partido Revolucionario Institucional (#PRI) también ha sido cómplice de este estancamiento al contraponerse desde el Legislativo a las reformas estructurales impulsadas por el Partido Acción Nacional (reforma política, fiscal, laboral y de Pemex) y que, si bien han tenido tanto detractores como defensores en diversos sectores, carecieron de la suficiente exposición a un debate nacional. Cabe aclarar que, por sí solas, dichas propuestas de reforma del Estado no garantizan el desarrollo económico ni una mayor democratización, pero sí nos acercarían a una modernización económica y democrática (aunque claro que falta un mayor debate al respecto).
Cabe señalar que la falta de voluntad política por parte de las fracciones priístas de crear acuerdos había sido reproducida anteriormente por las filas del #PAN, cuya fracción parlamentaria vetó durante la administración de Ernesto Zedillo propuestas que entonces eran impulsadas por el PRI y que paradójicamente, durante los gobiernos de la transición fueron puestas en un pedestal por el blanquiazul. Este hecho resulta absurdo e indignante a la vez ahora que la campaña presidencial de @EPN muestra la disposición de su abanderado a impulsarlas, al respecto cabe preguntarnos ¿por qué tuvimos que esperar hasta ahora para ver algo de voluntad política por parte del PRI? Acaso ¿@EPN sí es distinto de las generaciones anteriores del PRI? O es que ¿se trata sólo de una promesa vacía?
Lo anterior debe sumarse a la corresponsabilidad que distintos grupos de poder, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el duopolio televisivo, tuvieron hacia el estancamiento del ejercicio democrático; tan sólo cabe recordar la conocida “Ley Televisa”, una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión (2006), misma que brinda a #Telvisa y #TvAzteca de mucha mayor capacidad de control y maniobra en el espectro digital de frecuencias, el que se supondría es un bien de la Nación.
A diferencia de la mayoría de las discusiones legislativas en México, la “Ley Televisa” fue aprobada por unanimidad en un lapso de 7 minutos, sin lectura previa. El resultado fue que aumentó el acaparamiento de las televisoras sobre el mercado, una concentración con la que difícilmente se puede competir, y más preocupante aún, ni siquiera otorga frecuencias gratuitas para radio o televisión a proyectos de orden comunitario o educativo.
Si bien por medio de subastas realizadas por el Estado se permite a uno o más grupos privados el competir por obtener una parte del espectro digital de frecuencias, resulta que una concesión sólo puede ser obtenida por quien ofrezca la mayor cantidad de recursos económicos y no por quien ofrezca un mejor contenido de relevancia socio-cultural. Según el ministro de la Suprema Corte, Aguirre Anguiano: “En una subasta sería el aspirante con mayores recursos financieros el que resulte vencedor, lo que se traduce en violación al principio de igualdad consagrado en el artículo primero constitucional” (La Jornada, 2007). Ahora que la Comisión Federal de Competencia (CFC) recientemente aprobó la fusión parcial del servicio de telefonía móvil de Iusacell (parte de TV Azteca) con Televisa, el ambiente resulta más preocupante. No olvidemos que la democracia no sólo es electoral, también entra en el rubro económico: condiciones justas y equitativas de competencia en los mercados, seguridad jurídica y el combate a los monopolios, entre otros.
Refiriéndonos tanto a la competencia en el mercado de la radio y la televisión, como al tema de las reformas estructurales, la discusión fue monopolizada por los partidos políticos (al menos en lo público) precisamente porque no existen los mecanismos necesarios para el ejercicio plural de nuestra democracia. El 2010 presentaba una oportunidad imperdible para ampliar la discusión en estos y muchos otros temas primordiales, después de todo qué mejor manera de celebrar el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución mexicana que convocando a un ejercicio plural e inclusivo de análisis y replanteamiento del proyecto de nación para México, algo que ahora es inexistente. La ocasión no fue más que una celebración cívica y ni el Estado ni los partidos políticos plantearon algo trascendente aparte del foro Discutamos México.
Durante el régimen priísta el Estado ejercía clara influencia sobre el contenido de los medios de comunicación, el gobierno no era el mejor postor, era el único; en cambio, ahora las televisoras se alinean con el mejor postor, entre partidos políticos o administraciones gubernamentales, después de todo los medios televisivos, aún mayoritarios en México, ejercen el mayor poder de influencia en la opinión pública del país. Claramente el problema existe por la ausencia de reglas de juego claras y justas que den a estos medios el rol de impulsores democráticos, de herramientas de conducción del interés social, y no como árbitros parciales de nuestra democracia o herramientas de interés político.
El duopolio televisivo acapara y comercializa la información, no la comparte imparcialmente, la filtra, no se ejerce como el bien común que es o que debería ser. Ante ello, también es necesario aclarar que la referencia a una democratización de los medios no se refiere a darle mayor injerencia al Estado en la tarea mediática, para nada, el mercado es el mercado y las compañías privadas basan su proceder en las ganancias (para bien o para mal), en este caso hablamos de la responsabilidad social de los medios, cuál es su alcance e injerencia en la vida política del país, si propicia la democracia o no, y si las reglas del Estado en ese sentido son benéficas para el país o no; también de nuestro rol de consumidores de tales medios nace nuestro derecho de exigir un mejor producto, o mínimo más opciones.
Esta realidad es una de las principales razones por las que surgió el movimiento #YoSoy132, que en la declaración leída en la marcha iniciada en la Estela de Luz el miércoles 23 de mayo puso como objetivo: “empoderar al ciudadano a través de la información”. Esto resulta importantísimo para dejar atrás la herencia de la política providencialista tan arraigada en nuestro sistema, uno que centra la discusión en la retórica de los candidatos y no en la representación del interés colectivo. Nuestras campañas políticas se basan en la dádiva de posiciones sin sustento sólido cuyo primordial medio de difusión es el spot televisivo. En ese sentido el problema es que cuando las competencias electorales dependen más de la percepción mediática que del debate y el contraste de posturas y argumentos, se alimenta la espiral de mediocridad democrática en todos los actores, tanto partidos como ciudadanos, que no centran su atención en construir o escuchar argumentos sino en las pasiones y en las vanas descalificaciones, en ocasiones confundiendo a su partido político (si son simpatizantes) con un equipo de fútbol. Esto debe cambiar, y la libertad de información que es distinta a la de expresión representa una herramienta primordial para ello. Con esto no sólo me refiero a los medios de comunicación, sino también al manejo de la información de interés público por parte del Estado, es decir: la transparencia.
Según Ana Bellver en su documento Reformas en materia de transparencia: segunda generación de cambio institucionalpublicado en 2007 para el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, la transparencia está asociada con un mejor estado socio-económico y los indicadores de desarrollo humano, así como con una mayor competitividad y menor corrupción.
Necesitamos que la transparencia sea una herramienta de escrutinio público y que facilite la participación de la sociedad en efectivos procesos de rendición de cuentas, es la mejor manera de evaluar una administración gubernamental. Al respecto, según Joseph Stiglitz: “una sociedad sin transparencia es una sociedad sin información, y sin información la economía no funciona. Si no hay información, no hay transparencia, si no hay transparencia no hay confianza, y si no hay confianza el gobierno no puede hacer su trabajo, y así es imposible alcanzar el éxito económico”.
En México, el Instituto Federal de Acceso a la Información (@ifaimexico) señala que la información se ha convertido en una fuerza productiva, un componente de la economía tan esencial como las materias primas, los recursos energéticos, la mano de obra o el capital. Conforme la economía incorpora más elementos tecnológicos, mientras más depende del conocimiento y mientras más se globaliza, mayor es la necesidad de información. En otras palabras, el acceso a la información no es sólo un derecho político de los ciudadanos, sino un componente del desarrollo en la economía del conocimiento.
Lo anterior está presente en muchos de los jóvenes que se acercan a este razonamiento por medio de las redes sociales, los principales canales de construcción de movilidad social en dicho sector, como hemos visto tanto en Chile (la movilización social que busca una reforma integral al modelo educativo), Estados Unidos (Occupy Wall Street), España (los indignados), incluso algunas de las revoluciones árabes que cabe aclarar no tienen ninguna relación con el #YoSoy132.
Indudablemente nuestra democracia ha presentado importantes avances en la construcción de instituciones que la fortalecen, el problema es que no funcionan permanentemente ni por sí solas; no debe olvidarse la constante revisión que la cambiante realidad exige. De esta manera podemos ver como positivo este movimiento pues es una invitación a la sociedad en general para que adquiera un rol independiente, constructivo, consciente e informado en el proceder político de su país, en otras palabras que revalorice su papel en la democracia. Por supuesto que su éxito dependerá del proceder de las elecciones: que en verdad el movimiento aporte al libre y transparente ejercicio electoral. Una buena señal al respecto es que ha convocado a los ciudadanos a que ejerzan su derecho al voto y que participen como observadores electorales, de manera que puedan vigilar el buen funcionamiento de la jornada electoral; según el IFE, se recibió la solicitud de 27 mil 575 personas para desempeñar dicha función en los comicios, hablando tanto de iniciativas individuales como de grupales, incluyendo a miembros del #YoSoy132, Militares Retirados del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México A.C., otras organizaciones que participan regularmente como Alianza Cívica, Fundación Ethos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que pondrá a disposición general un buzón electrónico que en tiempo real podrá recibir quejas de anomalías en el proceso electoral (El Universal, 2012).
Si bien el movimiento no es monolítico y no deja de tener retos y críticas, como la acusación de ser un movimiento construido o manipulado por la izquierda de López Obrador, la verdad es que surgió como apartidista (sin que esto signifique que sea apolítico) y el hecho de que quizá una mayoría de sus simpatizantes apoye la candidatura del abanderado del #PRD no significa que sea manipulado por éste u otro grupo. Es innegable que grupos como el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se han visto dentro de las movilizaciones estudiantiles, no forman parte medular del movimiento ni de las constantes discusiones entre los jóvenes. Asimismo, otro elemento que relaciona al movimiento con la izquierda es que surgió como un contraposición a la candidatura de @EPN y su relación con las televisoras, y si bien algunos de sus integrantes siguen firmes con esa postura, existen otras fracciones que se deslindan de tal posición para centrarse en problemas de mayor relevancia, como se mencionó anteriormente.
Sin duda uno de los rasgos más valiosos del #YoSoy132 es que reunió a más de 90 universidades públicas y privadas en intensos debates, algo que difícilmente podemos encontrar en otro momento de la historia de nuestra joven democracia. Por supuesto hemos observado que el movimiento parece tener sus pugnas internas, que es atacado por enormes aparatos institucionales a los que afecta directa o indirectamente, pero no podemos negar que se trata de una bocanada de aire fresco, un intento por replantear la forma de ver las elecciones y la política en México. Para muestra, aunque parezca un insignificante logro, se consiguió que Televisa accediera a transmitir el segundo debate (10 de junio) por cadena nacional y no se trató de una imposición, ni de una exigencia irracional, sino de un intento por llevar a más hogares un “debate” que, si bien dejó mucho que desear (como se esperaba), resultaba primordial para ofrecer más criterios a la hora de elegir un candidato.
Con esa misma intención fue que llegaron a organizar un tercer debate independiente del IFE, uno cuya particularidad radica en que las preguntas han sido formuladas por los ciudadanos interesados en participar por vía electrónica; cada persona podía plantear una o más preguntas a cualquiera de los 3 candidatos participantes y las más votadas serían las que se externarían a los contendientes. “#Undebatenohacedaño” es el hashtag con el que se ha intentado difundir por las redes sociales este encuentro, el cual en verdad no está de más, al contrario, una política con más spots que debates no es constructiva, es mediatizada, o es que acaso ¿México cabe en un spot? Ni siquiera cabe en una urna y dependerá de cada actor, no sólo del Estado o los partidos políticos entender que movimientos como #YoSoy132 significan más que una circunstancia electoral, y que representan un síntoma de descontento, de una fatiga política cuyo ethos no es el interés electoral, sino la urgencia de continuar impulsando la renovación de nuestra joven y perfectible democracia.
Referencias:
Becerril, Andrea. (2012). Nada justifica los privilegios en la ley televisa: Aguirre Anguiano. México. La Jornada. Documento [WWW] recuperado en
Krauze, Enrique. (2012). Populismo en México. México. Letras Libres. Documento [WWW] recuperado en
López Lechuga, Jorge Alberto. (2011). La transparencia y el acceso a la información en la economía. México. Suite101. Documento [WWW] recuperado en
Saúl, Lilia. (2012). Hay 27 mil peticiones para observadores: IFE. México. El Universal. Documento [WWW] recuperado en
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